Las afirmaciones negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado que algunos sectores vienen desparramando hace meses y que escuchamos en el debate el pasado domingo no tienen nada de nuevo ni original. Así como las ideas económicas que esos mismos sectores presentan como posturas novedosas no son más que reediciones de viejas recetas, sus visiones sobre el pasado reciente ―y en particular lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar― vienen a replicar posicionamientos surgidos al mismo calor de los hechos y sostenidos por los propios perpetradores de delitos de lesa humanidad en nuestro país. Tal como se encargaron de evidenciar varios usuarios de redes sociales en las últimas horas, los argumentos esgrimidos el domingo son prácticamente idénticos a los dichos de los principales responsables del genocidio, como Videla y Massera, que hasta el cansancio repitieron que en Argentina hubo una guerra en la que se cometieron excesos y que sus víctimas fueron mucho menos que 30 mil personas.

Esto no nos sorprende, ya que venimos señalando desde hace varios meses que quien sostiene ideológicamente al candidato que más vehementemente expresa estos posicionamientos es Victoria Villarruel. Integrante de la casta militar, Villarruel reivindica abiertamente el accionar de su padre, que tuvo un rol activo en el Operativo Independencia, desplegado en Tucumán en febrero de 1975. Este operativo es considerado el inicio del plan sistemático de desaparición forzada de personas que luego se puso en marcha en todo el país; con el objetivo de “aniquilar” a las organizaciones militantes, el Ejército desplegó 5000 agentes y estableció el primer centro clandestino de detención en “La Escuelita” de Famaillá”, por donde se calcula que estuvieron secuestradas aproximadamente 3 mil personas. Las víctimas de estos hechos, que fueron probados en la justicia, eran obreros, estudiantes, docentes, militantes sociales y político, e incluso familiares que buscaban a sus seres queridos.

Sobre este último punto es necesario recordar y subrayar la excepcionalidad del proceso de juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, que se inició con el emblemático Juicio a las Juntas y que luego de la interrupción que marcaron las leyes de impunidad fue retomado con fuerte impulso desde el año 2003. Estos juicios, además de garantizar un debido proceso para sancionar a los perpetradores, tienen un carácter reparatorio para las víctimas y sus familias y un rol pedagógico para el conjunto de la sociedad. Pero no sólo eso: los juicios constituyen espacios fundamentales de producción de información nueva respecto de los hechos, contribuyendo con todo esto a la garantía del derecho a la verdad. Estudios comparativos afirman que, a contramano de quienes proponen modelos como el sudafricano con el argumento de que permiten recabar información sobre lo sucedido y romper el pacto de silencio, el modelo argentino basado en la justicia ha producido muchísima más información, justamente a partir de lo que los y las sobrevivientes han relatado en las salas de audiencias, con enorme coraje y compromiso para enfrentar el horror.

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La prueba reunida en estos procesos judiciales ha permitido establecer en los tribunales que los crímenes acontecidos en nuestro país constituyeron un plan sistemático de exterminio y de apropiación de bebés (incluso en algunos fallos se incorporó el término “genocidio” para calificar los hechos). Esto demuestra que no se trató de excesos o excepciones cometidos por algunos miembros de las fuerzas que se tomaron atribuciones personales, sino que existió una planificación y una sistematicidad en la comisión de los delitos, que se observa desde los más altos rangos militares hasta los inferiores.

Esta sistematicidad, además, se refleja en los más de 800 lugares de reclusión ilegal de personas que la dictadura diseminó por todo el país, como parte fundamental de su tecnología del horror: allí se torturaba y se desaparecía, allí se hacía parir a mujeres embarazadas sin anestesia, entre muchos otros actos aberrantes. Muchos de estos ex centros clandestinos de detención son hoy espacios de memoria, construidos justamente en base a testimonios validados judicialmente, que permiten visibilizar y difundir a un público amplio y variado los hechos y procesos históricos allí desarrollados. Tal es el reconocimiento nacional e internacional de estos espacios que recientemente uno de ellos, el Museo Sitio ESMA, fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que subraya su “valor universal excepcional” en la difusión de los valores que testimonia y encarna: el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y la capacidad de la sociedad argentina de reparar lo sucedido a través del juicio a todas las personas involucradas en la represión ilegal. En el mismo predio que alberga el museo, se puede observar el avión Skyvan PA-51, recuperado este año por el Estado argentino. Otra prueba de que desde allí se arrojaba gente viva al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.

Los discursos que intentan negar o minimizar estos hechos sostienen también que, en tanto en Argentina lo que sucedió fue una guerra, debe juzgarse a los miembros de las organizaciones político-militares que cometieron delitos en ese contexto. Lamentablemente esta postura llega tarde, porque la mayoría de ellos y ellas fue exterminada por el terrorismo de Estado, sin la posibilidad de un proceso con las garantías que corresponden. Pero, además, es importante recordar que estos delitos se encuentran prescriptos, porque no son considerados delitos de lesa humanidad, a diferencia de aquellos cometidos por el Estado. Esta es la clave que desarma los argumentos de la teoría de los dos demonios y de la mal llamada “memoria completa”. Estos crímenes fueron hechos aislados que no implican la sistematicidad y el carácter generalizado contra la población civil que representan los delitos de lesa humanidad. Y esto no es una postura política: es jurídica, basada en los tratados internacionales que nuestro país suscribió.

Victoria Villarruel

Por último, es preciso mencionar otro de los resquicios por los que se filtran las teorías negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado: el cuestionamiento respecto de la cifra de las víctimas y el ataque recurrente a la bandera de los 30 mil. La discusión sobre las cifras se monta sobre una característica intrínseca de todo genocidio o experiencia de terrorismo estatal: la cantidad exacta, tal cual la sugirió Milei en el debate, no se podrá obtener jamás, porque la característica principal que envuelve la lógica de esos delitos es la clandestinidad, el ocultamiento de información: “No están ni vivos ni muertos, no están” decía Videla.

Entonces, en este tipo de procesos represivos, se dan diversos condicionantes para el registro de las víctimas. Por un lado, resulta imposible que el conjunto de víctimas o sus familiares se encuentren en condiciones de denunciar lo ocurrido. Si bien esto puede deberse a múltiples causas, en el caso argentino podemos identificar entre las principales la persistencia de los efectos del terror por muchos años, la escasez de recursos materiales y culturales requeridos para realizar las denuncias (particularmente en los años inmediatamente posteriores a la finalización de la dictadura militar), e casos en los cuales familias enteras fueron víctimas del accionar represivo. Por este motivo, las condiciones de denuncia varían a lo largo del tiempo y constantemente puede surgir nueva información sobre hechos de estas características. Por otro lado, avanzar en la reconstrucción del accionar genocida a partir de lo producido por los propios perpetradores se dificulta por la fragmentación y parcialidad de los documentos oficiales (producto de las condiciones de clandestinidad de las acciones estatales) y por los “pactos de silencio” existentes entre los responsables.

El número 30 mil surgió de estimaciones realizadas por los organismos de derechos humanos durante los años de la dictadura, en función de los pocos elementos que se iban conociendo, en medio de la clandestinidad y la represión, a la luz de los datos que se tenían y que se fueron construyendo especialmente gracias a los relatos de los sobrevivientes, que habían pasado por los centros clandestinos de detención.

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Javier Milei en el debate presidencial, donde puso en duda el número de 30.000 desaparecidos

Como parte de las políticas de Estado en materia de Memoria, Verdad y Justicia asumidas desde el año 2003, así como de los compromisos internacionales de nuestro país en dicho campo, una de las tareas que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es el establecimiento y la actualización del registro de las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino. La elaboración de un “registro” de estas características constituye una obligación indelegable de los Estados responsables de violaciones a los derechos humanos, en cumplimiento de normativa internacional ratificada por la Argentina.

Este registro reúne información sistematizada sobre personas perseguidas por razones políticas (o en hechos vinculados causalmente con dicha persecución) que fueron privadas ilegalmente de su libertad, desaparecidas, asesinadas o a las que se les sustrajo su en el marco del terrorismo de Estado en Argentina. Ello incluye tanto a las víctimas de desaparición forzada y homicidio como a las que atravesaron el circuito de secuestro y reclusión clandestina o prisión política, que fueron finalmente liberadas, así como a los niños y niñas secuestrados, apropiados y/o desvinculados forzosamente de sus familias tras la detención ilegal de sus madres y/o padres.

Es importante remarcar entonces que todo registro de víctimas de un proceso genocida o de terrorismo de Estado resulta siempre provisorio y dinámico, en permanente construcción. Las fuentes de información son en su enorme mayoría los testimonios de las víctimas y sus familias, en el caso argentino ofrecidos ante el Estado nacional, los Estados provinciales o en sede judicial.  Esta cifra está en continuo aumento. Hay provincias como Tucumán, donde aún al día de hoy se siguen recibiendo permanentemente denuncias que nunca habían sido presentadas. Aún al día de hoy, el Equipo Argentino de Antropología Forense sigue encontrando restos de personas desaparecidas. Aún al día de hoy, las áreas de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos siguen identificando víctimas a partir de diversas líneas de trabajo. El número de víctimas registradas en el Parque de la Memoria, por ejemplo, viene creciendo de a 100 por año, gracias a la información que aparece constantemente hasta el día de hoy.

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Este universo, que como se mencionó no abarca la totalidad de las víctimas ya que muchos casos son aún desconocidos para el Estado, muestra que la estimación de los 30 mil, elaborada en función de documentos y testimonios de la época en que se cometieron los hechos, resulta acertada, al reflejar al universo de víctimas alcanzadas por el sistema concentracionario, tanto aquellas asesinadas y desaparecidas como a quienes luego recuperaron su libertad. Se trata de otro gran acierto del movimiento de derechos humanos de nuestro país.

Contrarrestar los discursos de los perpetradores y sus cómplices es una tarea que no termina jamás. Implica que una y otra vez debamos volver a contar y explicar, renovando las herramientas para llegar a los más jóvenes y a quienes, por desconocimiento, terminan siendo permeables a los discursos de que quienes, por ideología, intentan reivindicar lo sucedido, partiendo de la premisa de que, a quienes piensan distinto, hay que hacerlos desaparecer o gatillarles un arma en la cabeza.

 

*Secretario de Derechos Humanos