No es un fantasma cualquiera: para la memoria colectiva argentina, una inflación de dos dígitos mensuales suena a la antesala del vértigo hiperinflacionario. No sólo por la recordada crisis de 1989 que desató, en julio la entrega anticipada del poder de Raúl Alfonsín (con un IPC que en marzo había quedado nuevamente en dos dígitos -17%- se duplicó en abril -33%- y un poco más en mayo -78%; antes de llegar a los picos de tres dígitos mensuales en junio -114%- y julio -196%-). El raid de precios de aquel momento sólo asomó nuevamente a finales de 1989 y principios de 1990 que desembocó en el plan Bonex por el que se cambiaban los plazos fijos con intereses astronómicos por bonos dolarizados. La calma recién comenzó en abril de 1991 con la llegada de la convertibilidad y una década de estabilización de precios, incluso con deflación como corolario de distorsiones y, cuando no, un gasto público que no se amoldó a las exigencias de un sistema monetario rígido.
Expectativas. La novedad del mes pasado fue la confirmación que la inflación sigue vigente como en aquella época: 12,4% en agosto para el IPC, pero el índice mayorista creció 18,7% y el de la construcción 14,7%. Así, según cálculos comparativos de Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, la administración Fernández acumuló una inflación de 648% en sus primeros 44 meses de gestión, casi el triple que la lograda por Mauricio Macri (+240%) y bastante más que los dos gobiernos de Cristina Kirchner (+166% en el segundo y +112% en el primero).
Como una maldición dejada por la década anterior, la traumática salida de la convertibilidad en 2002 nunca pudo encontrar la estabilidad de precios como un elemento habitual, en parte porque el objetivo de los superávits gemelos (fiscal y comercial) cayó en la emboscada de la expansión del gasto y el “vamos por todo” como ejes de campaña (2007 y 2011).
El temor a una aceleración de la inflación después de las elecciones de octubre no es arbitrario. Durante este año y sobre todo desde que el ministro de Economía fue ungido como el candidato oficialista, los precios sufrieron una presiones encontradas: por un lado, la sucesión de medidas ya certificadas en la jerga política como “plan platita”: compensación del tipo de cambio, créditos blandos, devolución del IVA y la reducción en dos impuestos que están entre los cinco que más recaudan, Ganancias para personas físicas y retenciones para algunos productos.
Por otro lado, la continua expansión monetaria para financiar este rojo fiscal creciente y la bola de nieve de los títulos emitidos para financiarse, se va retroalimentando a medida que sube la única forma de evitar el colapso inflacionario, pero exige una tasa cada vez más alta. Un círculo vicioso que espiraliza tasas e inflación.
Ante estas dos presiones contrapuestas, la herramienta utilizada es la del control de precios y variables del comercio exterior (tipo de cambio oficial, cepo, impuestos y restricciones al comercio exterior). Por ejemplo, desde diciembre de 2019, el dólar oficial habrá terminado de crecer 480% en total, mientras que la inflación (con la proyección de septiembre incluido) fue de 720%: es decir, el tipo de cambio oficial se retrasó durante este gobierno 40% en términos reales. Quizás por esta insistencia en mantener este “dólar comercial” como lastre inflacionario mientras la emisión monetaria financiaba los déficits, generó una brecha que durante este mes osciló entre el 100% y el 120%. Un equilibrio que es imposible de restaurar con una medida aislada, como fue la devaluación del 22% post PASO (que se sumó a la aceleración en la semana anterior) que se trasladó casi íntegramente a los precios de alimentos y bebidas durante agosto y lo que va de septiembre.
Lo que viene. Las proyecciones de los privados arrojan sólo por el efecto de arrastre estadístico un piso de 5% para septiembre. María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos señala precisamente que el gran impulso inflacionario en las últimas dos semanas de agosto y al comienzo de septiembre dejó paso a cierta desaceleración de precios, ayudado por baja de verduras en caso de alimentos. “Venían promediando unos niveles altísimos, si se hubiera mantenido el ritmo la inflación no hubiera sido de 12%, sino más cerca de 20%”, explica.
La consultora Eco Go proyecta para septiembre un 11% de suba del IPC, pero por debajo de los alimentos que el rubro Alimentos que se estima estará en 13% para el mes. Pero para octubre, se podría proyectar todavía una desaceleración, pero en el medio aparece el hito de las elecciones del 22 de ese mes. “Supuestamente, con todos los acuerdos que se hicieron, congelamientos, etcétera, debería ser un dígito. Ahora estamos en un proceso electoral que es muy incierto y probablemente se vuelva a disparar la brecha de acá a octubre, con lo cual veo poco probable que el gobierno logre un dígito para ese mes”, analiza Sebastián Menescaldi, director Asociado de la consultora.
Además, la proyección de la expansión fiscal y monetaria con objetivo electoralista acelerará los tiempos y alimenta las expectativas devaluatorias para octubre y, con ello, otro salto inflacionario. Eco Go estima que el costo total de todo el conjunto de medidas compensatorias está cerca del 1% del PBI, del cual casi el 90% corre por cuenta de la Nación. “El plan platita 2023 impacta en los precios y pone presión al tipo de cambio: estimamos que el Banco Central entre el dólar nuevo, soja y el uso de reservas para tratar de sostenerlo, luego queda en un esfuerzo que no se traduce en un aumento de reservas”, agrega Castiglioni que también destaca el papel de las expectativas para dimensionar cuánto se terminará trasladando a los precios y con que timing.
La trampa. Si algo quedó claro en agosto pasado fue que, en estas circunstancias, cualquier intento devaluatorio llegará mucho antes que en otra coyuntura de retraso del tipo de cambio a las góndolas. En 2002, por ejemplo, el valor del dólar se estabilizó en tres veces el de la convertibilidad, pero los precios no acusaron ese impacto y el IPC sólo subió 41% ese año para bajar a poco menos del 4% para el año siguiente. Pero hoy las circunstancias son diferentes y los mecanismos indexatorios ya están aceitados. Las jubilaciones, por ejemplo, como ajustan según la inflación pasada vinieron perdiendo poder adquisitivo a medida que la inflación se aceleraba. Se terminarán recuperando cuando esta pueda bajar o detenerse, pero mientras tanto la carrera será siempre desigual.
Las paritarias, que en 2001 se negociaban cada uno o dos años, ahora se cierran anualmente con cláusulas gatillo y reaperturas periódicas a medida que el IPC va tomando nuevo impulso. Esto va agigantando la otra brecha: entre los agrupados en sindicatos fuertes y con poder de negociación en industrias que sobreviven y los informales, sometidos a las inclemencias del mercado. El Nowcast de la Pobreza que elabora el economista Martín González Rosada, de la Universidad Di Tella, ya asume que aún cuando no exista una nueva devaluación, el índice de pobreza lo estimaba para agosto en 43,2%. Pero no hay quien pueda asegurar que la combinación de una brecha cambiaria creciente y un resultado electoral que alimente expectativas devaluatorias termine sentenciando una nueva espiral inflacionaria. No por previsible deja de ser un escenario incierto.
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